Lunes, 11 Septiembre 2017 00:30

Una aventura impositiva que ninguno sabe en que terminará

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La demanda del Ejecutivo bonaerense ponen en peligro las economías de las provincias. La demanda del Ejecutivo bonaerense ponen en peligro las economías de las provincias.

PANORAMA ECONOMICO. Misión Coparticipación. Las provincias defienden sus arcas frente a la avanzada de la escuadrilla ejecutiva bonaerense con una demanda frente a la Corte Suprema. 

 

Vienen por lo que según dicen “les corresponde”. Buscan su parte de la coparticipación, que para ellos debe dejar de ser coparticipable. Un Fondo del Conurbano que atravesó fronteras para convertirse en Fondo Nacional.  Del otro lado una liga de gobernadores no están dispuestos a entregar lo que no les sobra.  Así empieza una novela de aventura impositiva que ninguno sabe en que terminará. 

 

UN POCO DE HISTORIA. En el año 92, la Provincia de Buenos Aires, en un contexto de crecimiento acelerado de su demografía, producto de la incesante inmigración que provenía de las demás provincias y países aledaños, fue beneficiada con el “Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense”, por la cual se le derivaba el 10% de la recaudación nacional del impuesto a las ganancias. Este buscaba solventar con el capital necesario para llevar adelante las obras de infraestructura y políticas sociales que implicaba una migración constante de personas que se instalaban en asentamientos precarios que hoy conocemos como “villas”   

Posteriormente en el año 96, frente a la presión de las provincias, fundamentando una repartición desventajosa carente de un ideario federal, se le impuso un tope 650 millones  al Fondo del Conurbano, mientras que los ingresos restantes a ese 10% serian repartidos entre las provincias en base a las alícuotas de coparticipación federal establecidos por la ley. 

Todo parecía justo y equitativo, hasta que llegó el cáncer que corroe la economía argentina y cualquier posibilidad de planificación y regulación de tipo impositiva y económica que impere a largo plazo: la inflación.

Aplicando un tope máximo por ley a la recepción del Gran Buenos Aires, con una inflación acumulada por años, llevó a que el fondo perdiera significancia relevante para los objetivos para los que fue creado. 

 

LOS NUMEROS. En un simple análisis comparativo de tiempo se puede observar el perjuicio a la provincia bonaerense: 

En 1996 se recaudaban 6.210 millones de pesos en impuestos a las ganancias. El 10 % que se derivaron al Fondo del Conurbano serian entonces  de 621 millones. Establecido el tope la provincia se quedaría con el 100% de la recaudación. 

En 2016 se recaudaron 514.000 millones de pesos en impuestos a las ganancias. El 10 % que conformarían el Fondo del Conurbano seria 51.400 millones.  En este año recibiría el tope máximo de 650 millones que no es más que el 1,3% de la recaudación. El resto se distribuiría entre las provincias. 

Claramente la legislación dejó de ser útil a los fines por los cuales se había creado, en un contexto donde la inflación era un fenómeno desconocido para la economía argentina  (vale aclarar que el incremento de la recaudación del impuesto a las ganancias también se debe a una mejora en la recaudación del mismo, como así también a un crecimiento económico desde el 2003). Esta norma paso de ser obsoleta para las necesidades que todavía  atraviesa el conurbano de la provincia de Buenos Aires, con una inmigración constante, y la concentración acelerada de una población que se instala a vivir en la precariedad que les ofrece los asentamientos  improvisados y sin ningún diseño o planificación urbanística que permita oportunidades de desarrollo y calidad de vida. 

Frente a esto la Gobernadora María Eugenia Vidal presentó, frente a la Corte Suprema de justicia, una demanda para declarar inconstitucional el tope establecido en 1996,  exigiendo el cobró total de la recaudación del 10% del impuesto a las ganancias,  además un resarcimiento retroactivo de 300 mil millones de pesos en conceptos de los perjuicios generados en todos los años  de una ley distributiva que no cumple con el espíritu para lo que fue creada. 

 

ENTRE RIOS Y LAS DEMÁS PROVINCIAS. En el Jenga defectuoso –por errores o impericias – de las políticas de estado, resulta delicado mover una pieza sin poner en peligro la estabilidad del estatus quo, que dicho sea de paso pareciera pender siempre de un hilo. La demanda del Ejecutivo bonaerense ponen en peligro las economías de las provincias. Los gobernadores provinciales no están dispuestos a ceder los ingresos generados a partir del excedente de la recaudación del impuesto a las ganancias. 

Las provincias deberían renunciar a miles de millones de pesos que son fundamentales para sostenerse económicamente, y con los que ya cuentan para el ejercicio de este y el próximo año. 

Es notable el perjuicio de las provincias, quienes deberán renunciar, en caso de que la demanda de la provincia de Buenos Aires se haga efectiva, a 62.799 millones de pesos para el ejercicio económico del próximo año. En particular la provincia de Entre Ríos  se verá perjudicada en 3300 millones. 

La demanda fue entablada contra el Gobierno Nacional porque lo que se pretende es la inconstitucionalidad de una ley nacional. Por lo tanto la contestación quedó a cargo de la Procuración del Tesoro de la Nación. Básicamente, el Estado Nacional sostiene que no es sujeto legitimado pasivamente para ser demandado, porque en todo caso la pretensión de la provincia de Buenos Aires es contra las Provincias que son las que reciben el 10% del impuesto a las ganancias que reclama la actora. Por ese fundamento, la Corte Suprema de Justicia de la Nación  trasladó a todas las provincias argentinas para que concurran al proceso y contesten la demanda. En el caso de Entre Ríos deberá presentarse y dar respuesta a la demanda de Buenos Aires. 

Sin embargo, esta situación no debe analizarse desde una perspectiva judicial, y seguramente su solución tampoco lo será. Si bien el desencadenante fue una demanda frente a la Corte, su desenlace y final tendrá canales políticos. Más allá de la presentación que cada Provincia haga en defensa de sus derechos, los gobernadores ya comenzaron su estrategia política, aunando fuerzas para que las 22 provincias no se vean afectadas en sus ejercicios. Así se reunieron en una primera instancia 8 gobernadores en la Casa de Entre Ríos, movilizados e invitados por el mismo Bordet, y en una segunda instancia  en la Casa de San Juan , donde se hicieron presentes 18 gobernadores de provincias y 3 vices, para la firma de un documento que deja en claro la postura unánime de rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano, y el perjuicio que esto conlleva para las provincias y municipios.  Además acordaron que la solución a las posturas contradictorias entre las Provincias y Buenos Aires no debe consumarse  en una sentencia judicial, sino encuadrarse en un acuerdo dialogado entre las Provincias, el Gobierno Nacional y el Congreso de la Nación. 

 

Reflexiones coparticipables al 100%

Marcados por una desgracia originaria y natural, como si fuera una mancha de nacimiento imposibilitada de borrar, los conflictos argentinos siempre nos exigen organizarnos en una lógica bipolar de la cual no podemos escapar. Esta vez la cuestión del Fondo del Conurbano nos retrotrae a la vieja – aunque muy actual y ayornado – conflicto de intereses entre las provincias y Buenos Aires. Nos volvemos a vestir con los trapos ya usados del federalismo y el unitarismo, la independencia y autonomía provincial, centralización contra descentralización,  coparticipación, los chicos  y los grandes, los del interior y los … ¿¿??

En fin, para poner paños “medios” en una reflexión desvestida de ideología y trapos viejos, propongo premisas de bajo conflicto. 

La demanda impulsada por Buenos Aires es legítima en la medida que el Fondo del Conurbano dejó de ser útil para lo que fue creado. Se desvaneció el espíritu de una ley de ayuda al conurbano que en la actualidad le otorga siete veces más recursos a Santa Fe o Córdoba que al mismo Buenos Aires.  La inutilidad de la ley en su máxima expresión.

Es lógico que el reclamo del Ejecutivo bonaerense se desencadene a partir de vías judiciales. Sin embargo este no puede ser el canal natural para la solución de esta problemática. Bien como planten los gobernadores, esto exige una resolución dialoguista y negociada entre las provincias –incluida Buenos Aires -, el Gobierno Nacional, y a través de la institucionalidad y legitimidad del Congreso.  La constitución establece claramente en su artículo 75, inc.2,  que es función del congreso  imponer contribuciones indirectas como facultad concurrente con las provincias, por un lado, y por otro, la de imponer contribuciones directas, por tiempo determinado, proporcionalmente iguales en todo el territorio de la Nación

No es una solución de modo exclusivo a este conflicto la recuperación total del 10% a la provincia de Buenos Aires en la distribución de la recaudación del impuesto a las ganancias ya que esto necesariamente implica una resignación del resto de las provincias, y un perjuicio irreparable en sus economías.  El resultado final no debe escapar a una reparación de la desventaja en la que ha caído la Provincia de Buenos Aires, pero a su vez una reparación que no  afecte los ingresos provinciales.  

Hay que recordar que el Fondo del Conurbano fue establecido como una solución temporal a una problemática que continua en la actualidad. Mas allá de equiparar los ingresos legítimos de cada provincia a partir de fondos coparticipables, debemos profundizar políticas de estado que impacten en las causas que generan los déficit del Conurbano: pensar en la descentralización de los centros superpoblados que se concentra mayoritariamente en determinadas urbes argentinas; fomentar las oportunidades de trabajo, de desarrollo y de vida digna  en las provincias, fomentar las economías provinciales, mejorar los mecanismos de transporte y comunicación, entre otras políticas.

En particular la provincia de Entre Ríos  se verá perjudicada en 3300 millones. 

Un total de 18 gobernadores de provincias y 3 vices firmaron un documento que deja en claro la postura unánime de rechazo a la actualización del Fondo del Conurbano. 

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Matías Dassetto

Especial ABZ

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